Sentencia del TJUE delimita los requisitos de orden europea de retención de cuentas bancarias urgente
El TJUE endurece el control patrimonial
La disputa entre un jugador y Mr Green
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia relevante para el cobro de deudas dentro de la Unión Europea. El fallo, correspondiente al asunto C-198/24, analiza los criterios que deben utilizar los tribunales para acordar una orden europea de retención de cuentas.
El caso afecta al operador de juego online Mr Green, establecido en Malta, y a un jugador residente en Austria. En 2021, los tribunales austríacos condenaron a la empresa a devolver las cantidades perdidas por el usuario al considerar que la plataforma operaba sin licencia válida en Austria.
Tras no recibir el pago, el jugador solicitó una medida cautelar europea destinada a bloquear fondos de la compañía en varios países de la Unión Europea.
El riesgo de ocultación de activos
La controversia se centró en determinar qué elementos pueden utilizarse para demostrar que existe un riesgo real de que el deudor dificulte el cobro de la deuda.
El demandante argumentó que Mr Green había modificado en el pasado determinadas relaciones comerciales tras recibir otras condenas judiciales similares en Austria. A su juicio, estos antecedentes permitían sospechar que la empresa podía trasladar activos a otros países para evitar embargos.
El jugador también destacó la existencia de una ley aprobada en Malta en 2023 que limita la ejecución de determinadas resoluciones extranjeras contra operadores de juego autorizados en ese país.
El tribunal austríaco encargado del caso planteó dudas sobre si estos factores podían tenerse en cuenta al valorar la urgencia de la medida cautelar y decidió consultar al TJUE.
El criterio adoptado por el TJUE
La sentencia establece que los tribunales nacionales pueden valorar todas las circunstancias relevantes para determinar si el cobro de la deuda corre peligro.
El TJUE considera válido tener en cuenta actuaciones anteriores del deudor, aunque se hayan producido años antes de la solicitud de embargo preventivo. También admite valorar la existencia de leyes nacionales que puedan dificultar la ejecución futura de resoluciones judiciales.
Con esta interpretación, el Tribunal refuerza el objetivo del Reglamento europeo que regula la orden de retención de cuentas: garantizar que los acreedores puedan asegurar sus créditos antes de que los activos desaparezcan o sean trasladados.
Un fallo con impacto europeo
La decisión puede influir en numerosos litigios transfronterizos relacionados con empresas digitales y plataformas de juego online.
Además, el pronunciamiento vuelve a situar en el debate europeo la compatibilidad de ciertas normas nacionales con el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales dentro de la Unión Europea.
La sentencia fortalece la posición de los acreedores y amplía las posibilidades de obtener medidas cautelares cuando existan indicios de riesgo patrimonial.
