Prioridad a las personas en el Reglamento de Circulación

La entrada en vigor del Real Decreto 518/2026 supone una reforma relevante del Reglamento General de Circulación. La norma actualiza las reglas de tráfico para adaptarlas a una realidad donde conviven vehículos tradicionales, bicicletas, patinetes eléctricos y nuevas formas de movilidad urbana.

El cambio principal consiste en situar a las personas como elemento central de la seguridad vial. El reglamento incorpora una definición de usuarios vulnerables y establece medidas específicas para proteger a quienes tienen mayor exposición al riesgo.

Nuevas reglas de circulación

La reforma afecta especialmente a motocicletas, ciclomotores y bicicletas. En el caso de las motocicletas, se permite utilizar el arcén cuando exista congestión, con condiciones destinadas a garantizar la seguridad de todos los usuarios.

También se introducen nuevas obligaciones de protección. Los motoristas deberán utilizar guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier desplazamiento. Los ciclomotores deberán contar con cascos homologados, aumentando el nivel de protección exigido.

Los ciclistas reciben una protección reforzada mediante nuevas reglas de adelantamiento. Los vehículos deberán respetar una distancia mínima de seguridad y reducir la velocidad cuando realicen estas maniobras fuera de poblado.

Regulación urbana específica

La norma crea un nuevo marco para las ciudades. La movilidad urbana pasa a tener una regulación propia, permitiendo a los municipios desarrollar políticas adaptadas a sus necesidades mediante ordenanzas.

Entre las novedades destaca la protección de las zonas peatonales. Las aceras quedan reservadas prioritariamente para peatones y se facilita la creación de áreas residenciales con restricciones de tráfico.

Los vehículos de movilidad personal también cuentan con nuevas normas. El reglamento establece el uso obligatorio del casco y fija los quince años como edad mínima para su conducción.

Seguridad y convivencia

La reforma incorpora medidas destinadas a proteger especialmente los entornos escolares y otros espacios sensibles. Los ayuntamientos podrán crear caminos escolares seguros y aplicar limitaciones de velocidad o restricciones de tráfico.

El nuevo modelo busca una movilidad más segura, sostenible e inclusiva, alineada con las estrategias nacionales y europeas de reducción de siniestralidad vial.