Nueva regulación frente a crisis energética

Aprobación de medidas urgentes

El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, introduce nuevas disposiciones para responder a las consecuencias económicas derivadas de la crisis internacional en Oriente Medio. La norma mantiene parte de las medidas adoptadas anteriormente para proteger a consumidores y sectores afectados por la evolución de los mercados energéticos.

La regulación establece una fase de transición en la retirada de ayudas públicas. El texto prevé que determinadas medidas permanezcan vigentes hasta septiembre de 2026, con una eliminación gradual vinculada a la estabilización del mercado energético.

El Gobierno fundamenta la aprobación del decreto-ley en la existencia de circunstancias extraordinarias que requieren una actuación normativa inmediata. La norma recuerda que el artículo 86 de la Constitución Española permite utilizar este instrumento cuando concurran razones de urgente necesidad.

Reforma del marco energético

El texto incorpora modificaciones destinadas a reforzar la estructura energética española. Entre sus objetivos se encuentran el impulso de las energías renovables, la mejora de la capacidad de almacenamiento y la adaptación del sistema eléctrico a nuevas necesidades de consumo.

Asimismo, se actualizan determinados aspectos relacionados con la movilidad eléctrica. La norma modifica reglas sobre puntos de recarga para facilitar su implantación y concretar las obligaciones aplicables a determinados establecimientos de suministro de carburantes.

En el ámbito tributario, se mantiene una reducción temporal de la carga fiscal sobre algunos carburantes. La modificación del Impuesto sobre Hidrocarburos establece reducciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, condicionadas a la evolución de los precios.

Protección de actividades esenciales

Las medidas aprobadas incluyen ayudas destinadas a sectores considerados estratégicos por su relevancia económica. Entre ellos figuran el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca, actividades directamente afectadas por el aumento de costes energéticos.

El transporte por carretera mantiene apoyos económicos asociados al consumo de gasóleo profesional. La norma establece cuantías específicas para diferentes periodos y amplía la cobertura a determinados operadores que no cuentan con mecanismos de devolución fiscal.

El decreto-ley incorpora también medidas sociales vinculadas a las ayudas concedidas, estableciendo condiciones para las empresas beneficiarias durante el periodo de aplicación.

Mecanismo de adaptación futura

La norma incluye un sistema de protección ante posibles cambios negativos del contexto energético. Si los precios aumentan de forma significativa, podrán activarse nuevamente determinadas medidas para mantener la respuesta económica.