El Constitucional refuerza las garantías del internamiento

Una sentencia que redefine el derecho de defensa en este ámbito

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que introduce importantes precisiones sobre las garantías que deben respetarse en los procedimientos de ratificación del internamiento urgente no voluntario por motivos de salud mental. El fallo, del que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, estima el recurso de amparo presentado por un ciudadano al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 17.1 de la Constitución Española.

La resolución revisa el alcance del derecho de defensa en este tipo de procedimientos judiciales, en los que la privación de libertad exige un especial control por parte de los tribunales. En concreto, el Tribunal desarrolla el contenido del deber de información al afectado y delimita las obligaciones que asume el Ministerio Fiscal cuando actúa como defensor de la persona internada.

La información debe ser accesible y adaptada

Uno de los principales pronunciamientos de la sentencia se refiere a la forma en que deben comunicarse los derechos procesales al afectado. El Tribunal recuerda que la ley obliga a informar sobre la situación jurídica, el procedimiento y la posibilidad de designar abogado y procurador. Sin embargo, esa comunicación solo cumple su finalidad si resulta realmente comprensible.

Por ello, la sentencia exige que los órganos judiciales adopten las adaptaciones necesarias cuando el estado de la persona impida una comprensión adecuada. Dichos ajustes pueden incluir la intervención de terceros o la comunicación con familiares y personas que presten apoyo habitual al afectado.

En el caso analizado, el Tribunal aprecia que existían datos suficientes sobre la implicación activa de una hermana del demandante en la defensa de sus intereses. A pesar de ello, no fue oída durante el procedimiento, lo que, a juicio de la Sala, supuso una insuficiente protección de los derechos fundamentales del afectado.

La actuación del Ministerio Fiscal debe ser efectiva

La sentencia también concreta cuál debe ser el contenido mínimo de la actuación del Ministerio Fiscal cuando asume la defensa de la persona internada. El Tribunal afirma que su función no puede limitarse a emitir un informe sobre la procedencia del internamiento.

La defensa efectiva exige mantener contacto con el afectado o con quienes le prestan apoyo, informarle de sus derechos, conocer su voluntad y participar directamente en las actuaciones procesales de mayor relevancia, especialmente en la audiencia judicial prevista para decidir sobre la ratificación de la medida.

Una doctrina con impacto en futuros procedimientos

En este supuesto, el Ministerio Fiscal únicamente presentó un informe favorable a la ratificación del internamiento, sin reunirse con el demandante ni intervenir en la audiencia judicial. El Tribunal considera que esa actuación resultó insuficiente y que los órganos judiciales tampoco supervisaron adecuadamente el cumplimiento de la función de defensa.

La sentencia fija así una doctrina que refuerza las garantías constitucionales en los internamientos urgentes por motivos de salud mental y recuerda que toda restricción de la libertad personal debe ir acompañada de una protección reforzada del derecho de defensa y de un control judicial especialmente riguroso.