El TC protege el derecho de huelga en Ryanair

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el sindicato Unión Sindical Obrera contra la resolución del Ministerio de Transportes que estableció los servicios mínimos durante la huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation, celebrada entre octubre de 2022 y enero de 2023. El tribunal considera que la decisión administrativa vulneró el derecho fundamental a la huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, al permitir que las empresas determinaran discrecionalmente los trabajadores obligados a prestar los servicios esenciales.

La insuficiente determinación de los servicios mínimos

El conflicto se originó con la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que estableció los servicios mínimos que debían mantenerse durante las jornadas de huelga. USO impugnó esta decisión al considerar que las medidas eran abusivas y excesivas, hasta el punto de hacer impracticable el ejercicio efectivo del derecho de huelga.

La Audiencia Nacional estimó inicialmente el recurso del sindicato y anuló la resolución administrativa. Fundamentó su decisión en la falta de motivación de los servicios mínimos, puesto que la Administración no había establecido el número ni el porcentaje de trabajadores que debían permanecer en sus puestos, dejando esa determinación a las compañías afectadas.

Posteriormente, el Tribunal Supremo revocó este criterio en casación. Consideró que la resolución estaba suficientemente motivada y que la concreción numérica de los trabajadores necesarios para cubrir los servicios mínimos no correspondía necesariamente a la autoridad gubernativa.

Los límites de la delegación empresarial

El Tribunal Constitucional ha rechazado la interpretación del Tribunal Supremo y ha estimado el recurso de amparo. En consecuencia, ha declarado la nulidad tanto de la resolución administrativa como de la sentencia que la confirmó.

El fundamento de la decisión reside en que la Administración utilizó fórmulas indeterminadas, carentes de suficiente concreción y objetivación, para delimitar el alcance subjetivo de los servicios mínimos. Según el tribunal, esta indeterminación no se limita a permitir una complementación técnica o funcional por parte de las empresas, sino que les atribuye un margen de discrecionalidad que excede las facultades admisibles.

La cuestión resulta especialmente relevante porque las compañías forman parte del propio conflicto laboral. Por ello, la determinación de los trabajadores afectados por los servicios mínimos no puede quedar sometida a una capacidad de decisión empresarial que comprometa la imparcialidad exigible en esta materia.

La resolución reafirma así que la autoridad gubernativa debe establecer los servicios mínimos con suficiente precisión y objetividad, sin trasladar a la empresa decisiones que puedan restringir injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

Continuidad de la doctrina constitucional

La sentencia sigue la doctrina establecida en la STC 62/2026, de 22 de septiembre, relativa también a los servicios mínimos establecidos durante una huelga en Ryanair, aunque en aquel supuesto afectaba al personal de cabina.

El pronunciamiento, del que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, cuenta con el voto particular del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla.