El Supremo delimita la agravación por facturas falsas

El Tribunal Supremo ha descartado que la expedición de facturas falsas permita aplicar automáticamente el incremento del 100 % previsto para los supuestos de incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. Cuando la conducta sancionada deriva de una actividad económica simulada y la regularización anula las operaciones correspondientes, no concurren los presupuestos necesarios para aplicar dicha agravación. Así lo establece la Sentencia 1.166/2026, de 20 de octubre.

La simulación como origen de la infracción

El procedimiento se inició tras unas actuaciones inspectoras relativas a una actividad de transporte de mercancías por carretera. Varios socios de una sociedad mercantil figuraban formalmente como empresarios independientes y tributaban en el régimen de estimación objetiva.

La Inspección consideró que esta separación empresarial era ficticia. Apreció que las decisiones relativas a la actividad se concentraban en la sociedad, por lo que existía una única organización económica y no varias actividades independientes.

La estructura había permitido emitir facturas que no respondían a operaciones reales. Estos documentos facilitaban que la sociedad dedujera cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades que no se correspondían con operaciones efectivamente realizadas.

Como consecuencia, uno de los socios recibió una sanción por la expedición de facturas con datos falsos o falseados, conforme al artículo 201.3 de la Ley General Tributaria. La Administración incrementó además su importe un 100 % al apreciar un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

La aplicación de los criterios de graduación

La controversia llegó a la Audiencia Nacional, que estimó parcialmente el recurso del contribuyente. El tribunal mantuvo la sanción correspondiente a la infracción, pero eliminó el incremento adicional.

La decisión se fundamentó en la relación entre los artículos 201.5 y 187.1.c) LGT. El primero contempla la posibilidad de incrementar un 100 % la sanción cuando existe un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. El segundo establece que dicha circunstancia concurre cuando el incumplimiento afecta a más del 20 % de las operaciones sujetas a facturación o impide conocer su importe.

La Abogacía del Estado recurrió en casación. Defendió que la inexistencia de operaciones reales no excluía la agravación, puesto que la emisión de facturas simuladas representaba un incumplimiento completo de las obligaciones de facturación.

La exigencia de presupuestos legales específicos

El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación. Considera que la regularización practicada resulta determinante, ya que las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad fueron anuladas al apreciarse la inexistencia de actividades económicas independientes.

En estas circunstancias, no cabe aplicar el criterio de graduación del artículo 201.5 LGT en relación con el artículo 187.1.c) del mismo texto legal.

La sanción y su agravación son cuestiones distintas

El Tribunal desestima el recurso de casación y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional.

La resolución aclara que la calificación de una conducta como infracción muy grave no implica que concurran automáticamente los requisitos para incrementar su sanción. La Administración debe acreditar también los presupuestos específicos exigidos para aplicar cada criterio de graduación.