La Diputación Permanente convalida el Real Decreto-ley 29/2026 y deroga la norma sobre prórrogas de los arrendamientos

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, por 35 votos a favor y 34 en contra. En la misma sesión, celebrada el 12 de noviembre de 2026, ha derogado el Real Decreto-ley 28/2026, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que ha obtenido 34 votos favorables y 35 contrarios.

Derogación de la reforma del artículo 10 de la LAU

El Real Decreto-ley 28/2026 proponía modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un régimen de prórrogas sucesivas de los contratos de vivienda habitual una vez alcanzada su duración mínima legal.

La iniciativa contemplaba que, transcurridos cinco años de contrato, o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica, el arrendamiento continuase por periodos sucesivos de igual duración, salvo que alguna de las partes notificase su voluntad de no renovarlo.

Asimismo, ampliaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso exigido al arrendador. La disposición también incorporaba una indemnización a favor del arrendatario cuando el propietario comunicase su voluntad de no prorrogar el contrato. Esta compensación se calcularía tomando el mayor importe entre doce mensualidades conforme al valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia de precios del alquiler y una mensualidad por cada año de residencia en la vivienda, utilizando el mismo valor de referencia.

La derogación parlamentaria impide que este régimen de prórrogas e indemnizaciones entre en vigor a través de dicha disposición.

Medidas de protección del mercado residencial

Por otro lado, el Real Decreto-ley 29/2026 introduce limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030. También establece un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios que afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La norma incorpora medidas relativas a los arrendatarios y a la acreditación de la condición de gran tenedor. Además, modifica distintas figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Instrumentos financieros para ampliar la oferta

En materia de vivienda pública y asequible, se crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social y se autorizan avales de hasta 2.000 millones de euros para financiar el incremento o mejora del parque de alquiler social o asequible. También se establece una línea de hasta 280 millones para apoyar la financiación del ICO destinada a pymes que utilicen sistemas de construcción industrializada.

Finalmente, el mecanismo TU CASA permitirá conceder préstamos sin intereses ni comisiones para adquirir la primera vivienda habitual hipotecada, por el menor importe entre el 20 % de su valor y 50.000 euros.

La convalidación mantiene estas medidas, mientras que la derogación de la otra disposición descarta el régimen extraordinario de estabilidad contractual que proponía.