Real Decreto-ley 39/2026: transparencia laboral e igualdad salarial
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que introduce nuevas obligaciones empresariales en materia de información laboral, transparencia retributiva e igualdad salarial. La iniciativa completa la adaptación del ordenamiento español a las Directivas (UE) 2019/1152 y 2023/970, que establecen garantías para mejorar la previsibilidad de las condiciones laborales y reforzar el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o trabajo de igual valor.
Información contractual y previsibilidad del empleo
La reforma extiende el derecho de información sobre las condiciones esenciales del contrato a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración. El objetivo es que las personas trabajadoras dispongan de información suficiente sobre las condiciones de prestación de servicios y puedan conocer con mayor precisión sus obligaciones laborales.
Asimismo, se reconoce el derecho a solicitar la conversión del contrato o el acceso a otro puesto que ofrezca condiciones más estables y previsibles.
En materia de contratación a tiempo parcial, la norma establece que las horas complementarias previamente convocadas deberán abonarse cuando sean canceladas. También permite rechazar tareas si la empresa incumple los requisitos de preaviso o no comunica el día y la hora concretos de su realización.
El periodo de prueba queda limitado, con carácter general, a seis meses, con posibilidad de ampliación mediante convenio colectivo cuando existan causas justificadas. En los contratos de seis meses, el máximo será de un mes, mientras que en los contratos de menor duración se aplicará una reducción proporcional.
Por otra parte, se limita la posibilidad de impedir que una persona trabajadora preste servicios para otros empleadores, salvo que concurran causas objetivas o exista un pacto de plena dedicación con compensación económica.
Nuevas garantías de transparencia salarial
Las ofertas de empleo deberán informar sobre la retribución inicial o el nivel salarial previsto y el convenio colectivo aplicable. Tanto los anuncios como las denominaciones de los puestos deberán ser neutros desde el punto de vista del género.
La reforma prohíbe, además, solicitar información sobre el historial retributivo de las personas candidatas en sus empleos actuales o anteriores.
Durante la relación laboral, las personas trabajadoras podrán solicitar información escrita sobre su salario individual y las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes desempeñen trabajos iguales o de igual valor. La empresa deberá facilitarla en un plazo máximo de dos meses.
Control empresarial y régimen sancionador
El real decreto-ley refuerza los mecanismos de registro y auditoría salarial, prevé una Comisión de seguimiento de la transparencia retributiva y actualiza las infracciones laborales.
La falta de información contractual y determinados incumplimientos en materia de igualdad se califican como infracciones graves. Las represalias frente a reclamaciones laborales, las solicitudes de datos prohibidos en procesos de selección y las decisiones discriminatorias de acceso al empleo se tipifican como infracciones muy graves.